La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio de investigación sobre actual sistema de reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos. OCU ha seguido el rastro de 16 residuos electrónicos domésticos (televisores, lavadoras, frigoríficos y ordenadores) desde el punto de entrega (punto limpio o tienda) hasta el lugar donde fueron procesados. La conclusión más sorprendente es que sólo cuatro de esos residuos fueron procesados en plantas autorizadas. El resto acabaron en chatarrerías, zonas residenciales, descampados y almacenes.
Falla el sistema de gestión de residuos
En teoría, el sistema actual de gestión de residuos está pensado para que el consumidor no deba pagar nada cuando lleva un aparato viejo al punto limpio o lo deja en un establecimiento al adquirir uno nuevo. Una vez hecho esto, el aparato debe ir a la planta de reciclaje donde se separan los materiales contaminantes y se recuperan los valorizables. En la práctica, todo esto es muy diferente.
OCU ha encontrado problemas en todas las fases de la recogida y reciclaje: trabas en la entrega, robos en los puntos limpios, cobros por recoger el residuo, desplazamientos innecesarios, envíos directos a chatarrerías, incluso el paso de residuos por plantas de reciclado autorizadas sin recibir tratamiento. Todo esto lleva a OCU a afirmar que el sistema actual de gestión de residuos hace agua por todas partes.
De hecho, la situación que ha encontrado OCU es peor que la de hace dos años, cuando realizó esta misma investigación. También es peor que en otros cuatro países europeos en los que se realizó en 2012 una experiencia similar (Portugal, Bélgica e Italia).
Gana el fabricante, pierde el consumidor
La Organización denuncia que el sistema sólo beneficia al fabricante, que cobra siempre, pero que sólo paga cuando el aparato se recicla: los fabricantes cargan en el precio que paga el consumidor por cada aparato nuevo un dinero para el futuro reciclado, sin que aparezca desglosado en la factura, pero solo pagan al sistema que gestiona los residuos de forma colectiva o SIG lo que se haya reciclado; si el reciclado fuera de un 20 por ciento, se estarían quedando con el 80 por ciento de lo recaudado para reciclar.
Por tanto además de estar engañando al consumidor se está produciendo un delito ambiental, ya que muchos residuos acaban triturados en lugares no preparados para ello y liberan sustancias peligrosas.
Graves infracciones que requieren respuesta
Ante esta situación, OCU va a poner en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas las infracciones más graves que ha detectado en este estudio.
Además, proponen una serie de cambios que es muy importante introducir en la nueva norma española que debe aprobarse antes del 14 de febrero de 2014 para transponer la nueva Directiva sobre estos residuos aprobada en 2012:
- Controlar el sistema de recogida e imponer sanciones disuasorias a los establecimientos que se nieguen a recoger el aparato antiguo o cobran por ello.
- Establecer un funcionamiento estándar de los puntos limpios y garantizar la custodia de residuos.
- Regular las actividades autorizadas en los centros de almacenamiento temporal, fragmentadoras o chatarrerías y obligar a rendir cuentas de ellas.
- Controlar y sancionar a las chatarrerías que admiten residuos sin descontaminar.
- Que un sistema independiente registre el recorrido de cada aparato y los tratamientos que recibe.
- Que los fabricantes informen sobre la cantidad exacta que cobran al consumidor en concepto de recogida. tratamiento y eliminación. Aparte, claro está, de informar cómo gastan ese dinero, es decir, cuánto ingresan y cuánto pagan al SIG.
- Establecer estándares de tratamiento que deben cumplir las plantas de tratamiento para ser autorizadas, es decir, definir lo que sería un tratamiento adecuado para cada tipo de residuos y que éstos sean iguales en todo el ámbito tgerritorial.