Miles de personas sufren en el anonimato las consecuencias de la contaminación electromagnética, una polución que en el Estado crece de forma exponencial como consecuencia de unas políticas públicas que privilegian la conectividad permanente sobre la defensa de la salud pública. El 28 de junio expertos científicos y miembros de organizaciones procedentes de diferentes puntos del Estado se darán cita en Madrid para celebrar un encuentro que servirá para dar pasos en la lucha por que impere el principio de precaución
Con ocasión de la próxima celebración del Día Internacional Contra la Contaminación Electromagnética, la Plataforma Estatal Contra la CE (PECEEM), integrada por asociaciones de afectados por la contaminación electromagnética, Ecologistas en Acción, Confederaciones Vecinales y organizaciones sociales, celebrará un encuentro en Madrid para hacer públicos los apoyos de científicos independientes y de asociaciones profesionales a la denuncia de los problemas sanitarios que este tipo de polución comporta y a las campañas en las que la plataforma está centrando su actividad: el programa Escuelas Sin Wifi, la campaña contra la nueva Ley General de Telecomunicaciones y contra los nuevos contadores eléctricos y a favor de iniciativas europeas por una regulación proteccionista de los CEM.
La jornada se llevará a cabo el sábado 28 de junio a partir de las 9:30h en el Centro Social Seco:
– Avisos de científicos y asociaciones profesionales a favor de proteger eficazmente la salud pública de las radiaciones electromagnéticas. Introducido por una conferencia de Ceferino Maestu Unturbe, Doctor en Medicina, científico investigador en Bioelectromagnetismo.
– Propuestas y actuaciones de la PECCEM: Ley General de Telecomunicaciones, el manifiesto por una iniciativa ciudadana europea para la regulación proteccionista de la radiación electromagnética.
– Mesa redonda: colectivos sociales y contaminación electromagnética. Participarán federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos (FAPA Valladolid), de consumidores (FACUA Castilla y León), de ecologistas (Ecologistas en Acción) y de asociaciones de personas afectadas por enfermedades ambientales con síndrome de sensibilización central (Electrosensibles por la Salud, SFC – SQM Madrid, Mercuriados).
18:30h, manifestación en Pinto en memoria de Ángela Jaén
Ese mismo día por la tarde, apoyarán la manifestación convocada por los familiares de Ángela Jaén en protesta por la inacción de las autoridades ante la contaminación generada por una antena de telefonía móvil en casa de una persona electrosensible, con resultado de muerte que se desarrollará en Pinto.
Ángela Martin se quitó la vida el 28 de noviembre de 2013. Esta vecina de Pinto vivió su último año de vida intentando encontrar un lugar “limpio” de contaminación electromagnética en el que vivir toda vez que una antena de telefonía móvil situada a escasos 50 metros de su vivienda emitía unas radiaciones que le resultaban insoportables.
Ángela y su familia intentaron por todos los medios que el Ayuntamiento de Pinto le proporcionara una vivienda libre de radiaciones. No pudo ser. La respuesta que los profesionales sanitarios dieron a su afección tampoco ayudó, sino todo lo contrario: trataron los síntomas de su enfermedad como un problema psiquiátrico, lo que terminó de minar su estabilidad emocional.
El suicidio de Ángela no es una rara excepción, según la Asociación de Electrosensibles por el Derecho a la Salud. Esta afección, que se manifiesta, entre otros síntomas, por el cansancio, el insomnio, las cefaleas, la irritabilidad, la desorientación… no ha sido reconocida en España. Las personas electrosensibles, calificadas a menudo como alarmistas, vagos, hipocondríacos, inadaptados sociales…, suelen sufrir rechazo social y, como en el caso de Ángela, un tratamiento médico incorrecto que en no pocas ocasiones agrava su padecimiento.
Países como Alemania o Inglaterra estudian seguir los pasos de Suecia, el primer país que catalogó la electrosensibilidadcomo una discapacidady, en consecuencia, como causa de baja laboral.
En España, lejos de reducir los umbrales máximos de radiación electromagnética permitidas, como recomiendan la UE y la Organización Mundial de la Salud (OMS), las autoridades multiplican las autorizaciones de fuentes de emisión como antenas de telefonía móvil o redes WiFi, que invaden hospitales, centros de salud, trenes, metro, autobuses, escuelas, universidades… La aprobación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones es el último exponente de una política sometida a los intereses de las multinacionales de la comunicación
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