Comunicado integro de KALERATZEAK STOP DESAHUCIOS Mañana jueves, a las 11 de la mañana, delante del PARLAMENTO VASCO vamos a denunciar que el Gobierno Vasco incumple los acuerdos del Parlamento. Si hubiera aplicado el 30% de la renta de alquiler mas gastos de comunidad como límite de gastos fijos de vivienda MARI LUZ no estaría en esta situación.
Mari Luz y sus tres hijos, llevan años viviendo de alquiler en una vivienda de protección oficial gestionada por ALOKABIDE. Mari Luz trabaja como limpiadora por un salario de mil euros. Los ingresos mensuales que percibe no le permiten pagar regularmente los trescientos euros de renta de alquiler y los mas de cien euros de tasas, gastos fijos de comunidad, y suministros. Mari Luz y su familia, forman parte de ese 40% de la población que tiene dificultades para llegar a fin de mes, de ese 15% que dedica el 40% o mas de sus ingresos a gastos de vivienda, o de ese 17% que tiene dificultades para pagar la luz y el gas.
El juzgado les ha comunicado que el 18 de diciembre seran desahuciados de su vivienda habitual porque deben nueve mensualidades, 3600 euros. Han enviado un escrito al Gobierno Vasco solicitando la aplicación de la ley de vivienda porque cumplen los requisitos previstos en la misma para que se les asigne una vivienda, y porque son una familia en riesgo de exclusion, a pesar de tener un puesto de trabajo, pero no han recibido contestación. Tambien se comunicó hace dos semanas la situación al Departamento de Politicas Sociales del Ayuntamiento de Gasteiz pero tampoco han contestado nada. Si el Gobierno Vasco hubiera cumplido los acuerdos del Parlamento Vasco de siete de abril de 2014 Mari Luz y su familia hubieran visto reducida su renta de alquiler y no estarían en esta situacion.
El Ayuntamiento de Gasteiz y la Diputación Foral de Alava han aprobado mociones para declarar Gasteiz y Araba territorios libres de desahucios pero las declaraciones no son suficientes. Alokabide es responsable de 121 desahucios desde enero del año pasado y es falso que sean desahucios por problemas de convivencia o deudores de mala fe. Alokabide funciona como una empresa privada, sin ninguna participación social, y aplicando una Ley de Arrendamientos Urbanos prevista para propietarios privados cuando Alokabide gestiona viviendas de propiedad pública que tienen que tener en cuenta criterios sociales.