Facua-Consumidores en Acción denunció la nueva factura de la luz ante la Unión Europa por vulnerar las directivas comunitarias sobre electricidad, derechos de los consumidores y cláusulas abusivas.
La denuncia fue remitida al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, e incide en que el nuevo método para fijar el precio de la luz aprobado por el Gobierno a finales de marzo impone «unas fórmulas tarifarias y de facturación que atentan contra los derechos de los usuarios establecidas en la legislación de la Unión Europea, de obligado cumplimiento para los Estados miembros«.
Para Facua, el Real Decreto donde se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica (PVPC) y su régimen jurídico de contratación provoca que en un mismo recibo haya hasta 1.440 tarifas diferentes, según la hora de consumo, sin que el usuario las conozca de antemano.
Otro de los problemas que plantea para esta organización de consumidores es la diferencia de facturación entre los usuarios con los nuevos contadores digitales, en los que se aplicará una tarifa distinta en cada hora, y los contadores analógicos, donde las tarifas se fijarán partiendo de otro método de cálculo, que tomará como referencia una tarifa diaria. Facua advierte de que el establecimiento de tarifas diferentes en función del tipo de contador y de su integración en un sistema de telegestión que ni siquiera se encuentra aún validado genera una «clara discriminación» entre los consumidores, a los que se les aplican condiciones diferentes.
Según Facua, la nueva facturación contravienenlas normas comunes para el mercado interior de la electricidad, que establecen la obligación de que en los Estados miembros se apliquen unos precios de la electricidad sean «razonables, fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios».
La asociación también señala que la nueva forma de cálculo del precio de la electricidad vulnera elementos de carácter básico en materia de protección de los consumidores en la Unión Europea al incluir unas tarifas que «varían de forma sustancial sin que las comercializadoras les remitan información al respecto con anterioridad«.
La segunda de las directivas vulneradas es, a juicio de Facua, la referida a cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Esta norma considera abusivas las cláusulas que tengan por objeto «estipular que el precio de las mercancías se determine en el momento de su entrega, u otorgar al vendedor de mercancías o al proveedor de servicios el derecho a aumentar los precios, sin que en ambos casos el consumidor tenga el correspondiente derecho a rescindir el contrato si el precio final resultare muy superior al precio convenido al celebrar el contrato«.
Por último, la tercera directiva vulnerada a juicio de Facua es la relativa a los derechos de los consumidores, donde se recoge que «antes de que el consumidor quede vinculado por un contrato», el proveedor «deberá facilitar de forma clara y comprensible al consumidor» o bien «el precio total de los bienes o servicios, incluidos los impuestos, o, si el precio no puede calcularse razonablemente de antemano» debido a su naturaleza, «la forma en que se determina el precio».