Las asociaciones de consumidores criticaron que el nuevo esquema tarifario puesto en marcha por el Gobierno, que da mayor peso a la parte fija del recibo eléctrico, penaliza la eficiencia energética, lo que supondrá un obstáculo para los hogares que pretendan ahorrar en su factura
Esta interpretación choca con los argumentos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que defendió que la medida beneficiará a las familias con hijos, porque son los que más consumen, frente a menores consumidores como las segundas viviendas.
En el recibo de la luz los consumidores pagan dos tipos de costes: en primer lugar, la energía consumida, y en segundo, los costes fijos del sistema (redes de transporte y distribución, primas a las renovables o ayudas al carbón, entre muchos otros).
Estos costes fijos del sistema se sufragan mediante los denominados peajes de acceso, establecidos por el Gobierno, que a su vez se componen de dos conceptos: un término fijo, que depende de la potencia contratada, y otro variable, que depende de la energía consumida.
A comienzos de 2013, la parte fija suponía un 35% del peaje total y la variable, un 65%, una circunstancia que el Gobierno decidió modificar en julio del pasado año al entender que esto penalizaba a los mayores consumidores, especialmente las familias con hijos, y beneficiaba a las segundas residencias.
Este cambio se realizó de forma progresiva hasta situar la parte fija en un 60% del total y la variable, en el 40%, en virtud de la orden de peajes publicada el sábado pasado en el BOE.
El argumento del Gobierno se basa en la idea de que todo punto de suministro supone un coste para el sistema -hay que llevar las redes hasta allí y estar preparados para abastecerlo en cualquier momento-, pero con el anterior sistema de tarifas los hogares que consumían poco no contribuían lo suficiente.
En cambio, al dar mayor peso al concepto de potencia, se asegura que todos los puntos de suministro van a abonar un determinado importe y aunque los que más consumen seguirán pagando más, lo harán en menor medida que antes.
De esta manera, según Industria, la recaudación total por peajes será la misma, ya que se transferirá parte de lo que pagan los mayores consumidores -familias con hijos- a los menores -segundas residencias-.
El portavoz de CECU en Madrid, Antonio López, rechazó la medida ya que la subida de la parte fija de la tarifa penaliza el ahorro de los sectores con «menor capacidad económica» y «favorece a las compañías eléctricas».
La portavoz de OCU, Ileana Izverniceanu, dijo que la reforma está «bien vista» por la parte de penalizar a las segundas viviendas y solicitar una mayor contribución a las viviendas vacías.
Pero también señaló el «foco perverso» de la medida, ya que desincentiva el ahorro de las primeras residencias, debido a que pesa más la parte fija, y va en contra de «dar mas importancia al ahorro y a la eficiencia». «Da igual que el ciudadano se apriete el cinturón porque no se le va a premiar», añadió.
Desde CEACCU afirmaron que «en vez de fomentar la eficiencia energética o el ahorro», se va a perjudicar a aquellas familias que tengan un bajo consumo o que se encuentren en situación de pobreza energética.
En ese mismo sentido, algunos expertos en el sector energético apuntaron que este cambio penaliza a la mayoría de los hogares -«es un palo para el consumidor doméstico», afirmaron- y responde a la necesidad de intentar «garantizar» los ingresos del sistema ante la caída del consumo.
De 2008 a 2013, la demanda eléctrica peninsular cayó un 5,7%, según datos de Red Eléctrica, lo que se traduce en un considerable descenso de los ingresos del sistema, vía recibo eléctrico de todos los consumidores.
Este descenso del consumo, frente a una planificación que preveía incrementos, es uno de los elementos que desequilibraron el sistema eléctrico español, que siguió soportando crecientes costes sin unos ingresos suficientes para poder cubrirlos.